Motines en cárceles bonaerenses por incumplimiento del régimen de visita que se había acordado

DERECHOS HUMANOS SOCIEDAD

 

Guillermo Baqué, abogado y ex director penitenciario, estuvo analizando los motines y reclamos que estallaron el día de ayer en distintas cárceles pero que tiene un trasfondo que se viene manifestando hace mucho más tiempo.
Baqué explica que el reclamo inicia el día martes en la cárcel de Florencio Varela con una huelga de hambre. Los usuarios del sistema penitenciario exigían una visita ya que hace más de 8 meses que fueron suspendidas. «Todos saben que en el mundo carcelario lo más sagrado son las visitas», relata el abogado. Finalmente el Jefe del servicio y el Fiscal de turno se compromete a programar una visita para el día sábado. Llegado ese día finalmente no se las otorgan. Esto conllevó al levantamiento de los presos, no solo en Florencio Varela sino que se extendió a tras unidades, como a la 48 de San Martín y a la de Campana.
Baqué afirma que «la inoperancia en el servicio penitenciario sucede porque está manejado por gente que no está capacitada. Los presos además de encontrarse con sus familiares, exigen mejores condiciones dentro de las unidades. No tienen ni colchones ni medicamentos.»
El abogado además argumentó que existe una sobrepoblación en las cárceles al día de la fecha. Existen 55 unidades con capacidad para 24.000 usuarios. Actualmente viven 50.000. «Hay celdas que son para 4 y viven 8 personas», asegura Baqué.

Según explicó el abogado, este fue el comienzo, porque detrás de la exigencia de la visita está el exceso de las prisiones preventivas y el reclamo por que se compute 3×1 en este contexto de pandemia, es decir, que por un mes de prisión se computen tres meses.

Baqué explicó que varias unidades quedaron destruidas. En el penal 48 de José León Suarez, el SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense) terminó incendiando la sede del CUSAM, la sede de la Universidad de San Martín que se encuentra dentro de la cárcel y que los mismos presos estuvieron defendiendo.

También el abogado afirmó que ésta problemática es una deuda del Estado, no solo por por incumplir el régimen de visita que había prometido sino por las pésimas condiciones, como de salud, en que se encuentra la población carcelaria en el país.

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