En la noche de ayer salió el dictamen favorable por el proyecto IVE y Mil días con una votación de 77 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones. Las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública aprobaron, con algunas modificaciones, la iniciativa oficial sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Clarisa Gamberra, la militante feminista y titular del Departamento de Género de ATE Nacional, también parte de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, expresó que se vive un clima de mucha expectativa, «Teníamos mucha necesidad de que sea este año, no se podía seguir postergando», y agregó que ayer se festejó el dictamen con un ruidazo porque se votó con un buen número.
Sobre las modificaciones que se le hicieron al proyecto, expresó que es lo que permite que salga la ley. «Luego viene otra etapa que nos encontrará en las calles dando batalla», manifestó.
Lo que preocupa es la objeción de conciencia, ya que habilitaría a que los profesionales no hagan el procedimiento y poner en riego la salud de las personas gestante que lo soliciten. «Ahí se va a dar la dimensión de la disputa y del negocio» afirmó Gamberra y que sino se cumple que la institución garantice el procedimiento, como aclara el apartado de la ley, se avanzará legalmente.
«Aunque salga la ley no vamos a abandonar la calle»
Gamberra mencionó emocionada todas las mujeres que acompañan esta lucha, compañeras grandes que hacen un esfuerzo y van con barbijo y máscaras a apoyar y exigir que sea ley este derecho que lleva un camino de lucha de muchos años.
Aseguró que «estamos defendiendo la vida. Los abortos se practican en nuestro país, es una realidad, pero la gente que paga no necesita que el Estado las autorice. El problema acá es que hay un gran negocio y una diferencia de clase muy injusta.» Sumo que lo único que sucedió con la negativa del Senado en 2018 es el castigo a las mujeres que decidieron abortar y que no pudieron acceder a una práctica segura.
Remarcó la importancia de generar políticas públicas para poder acompañar las decisiones de seguir o de interrumpir un embarazo. «Hay que ampliar recursos para acompañar a las mujeres».
